Esteban Ibarra

“Primero fueron a por los sin papeles, pero como yo tenía documentación, guardé silencio; después vinieron a llevarse a los sin techo y no dije nada, porque no duermo en la calle; después vinieron a buscar a los musulmanes, pero yo no tenía esa religión y miré a otro lado; después vinieron a por todos los inmigrantes y no protesté porque yo estaba en mi país; finalmente, se llevaron a gais, judíos y demócratas, tampoco reaccioné pues pensé que no era mi problema, y cuando vinieron a buscarme no había nadie que pudiera protestar”.

Parafraseando al pastor luterano alemán Martin Niemöller y su conocido poema (adjudicado por error a Bertold Brecht) que hacía referencia al avance del odio nazi en la Europa intolerante de los años 30, hoy emerge una nueva ultraderecha, de feroz nacionalismo, cuyo estandarte es la xenofobia alimentada por el miedo a la inmigración, el rechazo a la globalización y la defensa de una identidad nacional compulsiva y excluyente de la diversidad política, cultural y religiosa. Es una xenofobia amenazante que da vértigo ante cualquier atisbo de recesión o crisis económica, que difunde un discurso apocalíptico a través de internet, que produce víctimas de odio y sobre todo que destierra todo proyecto de convivencia intercultural y tolerancia.

Sin embargo la tranquilidad embarga a nuestras instituciones; en España parece que el problema nos afecta escasamente o al menos eso dan a entender quienes no responden ante los requerimientos de datos de organismos especializados internacionales, europeos, regionales o de Naciones Unidas, que sistemáticamente piden estadísticas y seguimiento del problema, obteniendo silencio, al contrario que Alemania que reconoce más de 24.000 delitos de racismo e intolerancia, Gran Bretaña más de 60.000 incidentes y sucesos, o la agencia de derechos fundamentales europea que señala varios millones de incidentes en la Unión. Parece que en nuestro país no acabamos de asumir como prioridad democrática la lucha contra el racismo y la xenofobia pese a que lo reclamen los organismos especializados de la Unión y Consejo de Europa, dela OSCE y de Naciones Unidas.

Socialmente, aunque las encuestas denotan un crecimiento de intolerancia latente, de prejuicios y actitudes contrarias hacia la inmigración y hacia nuestra principal minoría étnica, el pueblo gitano, nuestros conciudadanos no tienen conciencia de los comportamientos racistas que anidan entre nosotros. Muchos consideran “excesiva” la inmigración y depredadora de recursos, olvidando que los inmigrantes crean riqueza, y afirman una identidad excluyente que niega derechos culturales y religiosos al diferente. Se normaliza el rechazo al marroquí, la marginalización del gitano, la superioridad frente al negro, la fobia ante el musulmán, el reproche antisemita y ya se sabe, en un contexto de crisis y mundo convulso, “los españoles primero”, a guardar para otro tiempo el principio de igualdad de trato, pero eso sí, no somos racistas.

En diversas ocasiones los organismos internacionales han reclamado el cierre de webs xenófobas porque en España se originan más de cuatrocientas de los varios miles accesibles en internet, también piden que se ilegalice a organizaciones racistas, pero aquí tenemos a partidos xenófobos que actuan sin problema, que se sancione penalmente la incitación al odio, pero en nuestro país se realizan decenas de conciertos neonazis con impunidad, también que se retiren símbolos de ese tenor en los campos de futbol, pero aquí persisten las gradas ultras pese a su prohibición legal. Además, los organismos nos recuerdan que hay que adecuarse en materia penal al requerimiento de la Decisión Marco de la UE contra el Racismo y la Xenofobia, pero nuestro Código Penal aún no se ha reformado al respecto; se exhorta al desarrollo de instrumentos eficaces para su persecución, pero solo tenemos dos servicios de Fiscalía para delitos de odio en Barcelona y Madrid, y desde luego suelen recomendar “formación intensiva en derechos humanos” a los funcionarios encargados de aplicar la ley, en especial a las fuerzas de seguridad, ámbito en el que emergen situaciones de abusos diversos denunciadas incluso por sus propios sindicatos.

Estos organismos no se olvidan de reclamar atención a las víctimas y apoyo a sus asociaciones, de pedir un uso responsable de los medios de comunicación, a fin de evitar la difusión de discursos que inciten al odio y de revisar los procesos de admisión a las escuelas públicas y privadas para garantizar una distribución equitativa de alumnos y alumnas de todas las etnias, evitando segregación. También recuerdan los peligros del populismo xenófobo en épocas de confrontación electoral y la amenaza del neofascismo identitario que crece por Europa, como evidencian los resultados electorales en Finlandia y Francia, la emergencia ultraderechista en Suecia o la fuerza del temido Jobbit húngaro, entre otros rostros del tsunami xenófobo europeo.

Xenofobia y CiberOdio

Las webs y el discurso de la intolerancia se expanden por Internet. Es un hecho. Un paseo por blogs y webs racistas y podremos comprobar cómo organizaciones extremistas y neonazis usan internet para demonizar la inmigración, criminalizar el islam, negar el Holocausto, distribuir su propaganda o incitar al odio y la discriminación. La conexión entre el discurso de la intolerancia en internet y los crímenes de odio es una evidencia, podemos observar como se consolida un clima en foros, chats o en “newsgroups” que legitima la violencia hacia inmigrantes, homosexuales, musulmanes, gitanos, judíos, afro-descendientes y hacia todo ser humano que no encaje en su perspectiva totalitaria e identitaria. Hay dos razones del interés del neofascismo por Internet. Si la población mundial alcanza ya los 7.000 millones de personas, los usuarios que se conectan a internet están próximos a los 2.000 millones. Esa es una poderosa razón. La otra la impunidad con que se mueve su odio, prácticamente sin limitación legal en muchos países.

Más en concreto, la actividad neonazi en internet busca denodadamente conectar con los más jóvenes y para ello se centra en las “redes sociales” que precisamente su expansión, junto a YouTube, ha posibilitado que la red 2.0 sea un refugio de la intolerancia extremista,. Observemos estos datos, si el 78% de los internautas españoles está inscrito en alguna red social, en el caso de los jóvenes de 15 a 20 años, la proporción es del 98%, según diversos análisis. No olvidemos que en facebook están dados de alta 250 millones de personas de todo el mundo y es una red social con gran cantidad de grupos y páginas de odio insertadas, con denominaciones tipo: “Mata a los negros”, con la imagen de un negro colgando de una soga, “Odio a las gitanos”, “contra la invasión inmigrante”, “Rudolf Hess vive”, “Mata gays”, “Hay que legalizar la violación”, “Odio a los maricones, las putas y los policías” y centenares de páginas donde se incita al odio, la discriminación o la violencia hacia colectivos vulnerables. Desde un principio los grupos racistas observaron esta oportunidad abierta en Internet para el activismo cibernético.

El peligro latente de los discursos de odio como el del neofascismo xenófobo es que siempre hay fanáticos que quieren llevar su intolerancia a territorios donde la sinrazón se vuelve criminal y con efectos irreparables. El crimen de odio, ejercido por “lobos solitarios” o “grupos de acción”, tiene una larga lista de víctimas en España. En los inmigrantes como Lucrecia Pérez y el angoleño Dnombele, en los jóvenes como Carlos Palomino, Guillem Agulló y Ricardo Rodríguez, el aficionado donostiarra Aitor Zabaleta, los indigentes Antonio Micol en Madrid y Rosario Endrinal en Barcelona o el transexual Sonia, sintetizan la memoria del horror, con un registro que supera las 80 muertos, acompañados de varios miles de lesionados, en los últimos veinte años. Todos marcados por ser diferentes y ser candidatos a padecer la intolerancia criminal.

Víctimas

En los delitos de odio, las víctimas son intencionalmente seleccionadas por motivo de intolerancia. Se les inflige un daño físico y emocional incalculable, atemorizando a todo el colectivo y amenazando la seguridad de todos los ciudadanos. Reconocer su existencia, implica señalar que un delito de odio puede ser cualquier delito realizado contra personas, colectivos sociales y/o sus bienes, cuando la víctima o el objetivo del delito hayan sido seleccionados por prejuicios o animadversión a su condición social, por vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido por su origen nacional, étnico, su idioma, color, religión, identidad, género, edad, discapacidad, orientación sexual, indigencia, enfermedad o cualquier otro factor heterófobo, enviando a todos los miembros del grupo al que pertenece la víctima un potente mensaje de amenaza e intolerancia.

Afirman con acierto en la OSCE y en el Consejo de Europa que “los delitos de odio representan la manifestación más insidiosa de intolerancia y discriminación, basada en la raza, el sexo, el lenguaje, la religión, la creencia, el origen nacional o social, la orientación sexual, la discapacidad o en otras materias similares. La expresión violenta de estos prejuicios puede tomar forma de agresión, asesinato, amenazas, o daños a la propiedad, como incendio, profanación o vandalismo. Este término se utiliza para abarcar las manifestaciones violentas de intolerancia y discriminación que dañan a los individuos, sus propiedades y el grupo con el que se identifican a sí mismos, ya sean musulmanes, judíos, inmigrantes africanos o árabes, roma, gay o miembros de cualquier otro grupo.”

La víctima del crimen de odio, es seleccionada por su agresor, generalmente un neonazi o un cabeza rapada, bien por su aspecto, ser negro o llevar rastas por ejemplo, por su ideología o creencias, como ser antifascista, musulmán o judío, por su origen nacional, ser inmigrante o refugiado, por su orientación sexual, como el caso de los gais, lesbianas o transexuales, condición de pobreza (los sin techo), por enfermedad o minusvalía o cualquier otra condición o circunstancia que al intolerante le lleve a negar la dignidad y derechos de estas personas, e incluso a considerar que son “vidas sin valor” en la más pura interpretación nazi de la existencia humana, conllevando su deseo de matarles o agredirles gravemente. La víctima no suele ser consciente de que está en peligro cuando está delante de su agresor o agresores. No suele defenderse. Puede no llegar a cruzar ni una sola palabra con sus atacantes. No es consciente de estar ante depredadores.

La víctima del delito de odio, especialmente de la violencia, ha padecido singularmente un significativo abandono. Nadie duda de que obtengan un juicio justo, pero tras la posible notoriedad del suceso, si es el caso, la víctima no sólo vive el abandono social a su suerte, sino que suele sufrir la estigmatización o etiquetamiento justificador de su desgracia, la soledad y falta de apoyo psicológico, la desinformación sobre el proceso seguido ante el crimen que padece, las múltiples presiones a las que se somete en el mismo e incluso, durante el juicio oral o en el revivir del drama padecido. Entendemos lógico reclamar una intervención positiva del Estado, cuya responsabilidad subsidiaria en una sociedad democrática es obviamente exigible de manera que sea restauradora, reparadora o al menos paliativa. No se alcanza a entender los avances, loables, que han tenido las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mientras que la víctima del delito de odio y discriminación carece de atención específica.

Desde una perspectiva humanitaria las reivindicaciones están abiertamente planteadas: una mayor y mejor atención de los poderes públicos a la víctima directa y sus familiares, unas mayores garantías procesales que eviten el desamparo y el maltrato, y la asunción de responsabilidades del Estado mejorando la cobertura indemnizatoria, sin discriminar frente a otros colectivos, algo que podría ser viable en la futura Ley de Igualdad de Trato y superar ese significativo abandono de la víctima del odio y la violencia con la fuerza, dignidad y el amparo de la Ley en un Estado democrático.

Junto a estas reclamaciones resulta necesario y más en el contexto de crisis económica, requerir a los políticos que eviten las respuestas populistas y xenófobas ante realidades complejas mediante la criminalización de los colectivos vulnerables de la sociedad, como son inmigrantes, gitanos o ciudadanos de minorías religiosas y sociales y pedir a los partidos políticos democráticos que de manera permanente y sobre todo en campaña electoral renuncien al uso del populismo xenófobo para captar votos, así como que trabajen para reducir los índices de rechazo a inmigrantes y gitanos reflejados en las encuestas. También recordar al Gobierno, el cierre de webs racistas y xenófobas porque “lo que es ilegal fuera de la red también lo es en Internet”, la no autorización de conciertos neonazis y la erradicación de grupos racistas en las gradas ultras del futbol.

La violencia contra colectivos vulnerables requiere de instrumentos penales más precisos para hacer frente a estos nuevos delitos, es necesario reformar el Código Penal adecuándolo a la Decisión Marco de la Unión Europea, crear Servicios de delitos de odio y discriminación en las Fiscalías que actúen de oficio ante numerosos casos de impunidad latente, así como impulsar la formación de los operadores jurídicos y fuerzas de seguridad en materia de racismo y delitos de odio. Junto a todo ello, resulta imprescindible promover programas educativos y de sensibilización preventiva destinados a niños y jóvenes frente a los prejuicios racistas, xenófobos o de cualquier otro tipo de intolerancia e incluir entre los planes de estudio de las escuelas, formación acerca del lenguaje de los medios de comunicación. Y sobre todo, desterrar la indiferencia para no ser cómplices pasivos de una lacra que amenaza al mundo, desde un sencillo compromiso de respuesta a esta invitación: ¡Haz Algo!

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia