Esteban Ibarra

Movimiento contra la Intolerancia pide la intervención de la Fiscalía de Delitos de Odio por los actos de humillación racista cometidos por los Ultras del PSV Eindhoven en Madrid. Reclama al Consejo Superior de Deportes solicitar la aplicación del Código Disciplinario de la UEFA.
Los actos humillantes y degradantes cometidos ayer por los ultras del PSV Eindhoven en la Plaza Mayor de Madrid hacia un grupo de mujeres gitanas de origen rumano que pedían limosna, actos que iban acompañados de insultos y expresiones racistas,  pueden ser constitutivos de delito tras la reforma del artículo 510 del Código Penal establecido, entre otras conductas,  para quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de  personas o grupos referidos a su condición étnica u origen nacional.  Esto es lo que debe investigar la Fiscalía con las grabaciones y testimonios disponibles y en colaboración con la Embajada de Holanda proceder a una posible y necesaria acusación por estas acciones que dañan además de las víctimas directas, a su colectivo y al conjunto de una sociedad democrática que ante tales hechos  no debe permanecer indiferente.

A  su vez, el Consejo Superior de Deportes y dada la claridad meridiana del Reglamento Disciplinario de la UEFA, debe requerir a sus órganos responsables la aplicación de las sanciones previstas en su artº14 para cuando “se  insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, raza, la religión o el origen étnico”, responsabilidad requerida a su vez al propio Club de Fútbol PSV Eindhoven, para el que el citado reglamento  interpreta responsabilidad en el comportamiento de sus hinchadas asociadas.

Movimiento contra la Intolerancia pide a la Fiscalía y al Consejo Superior de Deportes que actúen con firmeza y diligencia dado que la indolencia institucional puede conllevar que estas conductas se interpreten en clave de “impunidad” trasladando a la sociedad que se pueden violentar los derechos fundamentales y  las libertades garantizados por la Constitución y por las normas internacionales de derechos humanos, que hay que recordar rigen en todos los ámbitos, incluido el fútbol y sus aficiones, con el riesgo de interpretarse que hay  carta blanca a los grupos ultras en sus traslados internacionales para cometer todo tipo de vejaciones y tropelías.