«El discurso del odio en las redes sociales es la antesala del delito»
El magistrado Fernando Grande-Marlaska y el fiscal especial Miguel Ángel Aguilar advierten de que el 88% de los delitos de odio que se producen en España no se denuncian.
«La libertad de expresión no puede ser libertad de agresión». La frase, se apresuró a indicar Miguel Ángel Aguilar, el fiscal pionero en la persecución de los delitos de odio en España, no es de su cosecha, «sino de Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, un verdadero pionero». Suya o no, con ella resumió a la perfección la mesa del ciclo que protagonizó ayer en Valladolid el jefe del Servicio contra los Delitos de Odio de la Audiencia de Barcelona. Se explayó en su alegato para que las víctimas dejen de ser invisibles, y lo hizo mano a mano con el magistrado Fernando Grande-Marlaska, otro pionero en visibilizar y combatir este tipo de delitos a los que nadie llamaba por su nombre en España hasta 2009 y todavía no están como tales en la memoria colectiva. Y ello, a pesar de que la retuiteada imagen de la joven ecuatoriana pateada por un energúmeno en un tren de Barcelona dio la vuelta al mundo en 2007. Eso no solo fue una agresión. Fue un delito de odio. El primero con el que se estrenó la fiscalía especial.
De hecho, señaló Marlaska, se trata de una «patología social» que salpica distintos títulos del Código Penal español y está directamente relacionada con la vulneración de los principios constitucionales de igualdad y la no discriminación, pero que todavía los legisladores no le han otorgado lugar propio en el reproche penal, como sí ocurre, por el contrario, en la Unión Europea. A pesar de ello, el jurista reconoce que existe una preocupación creciente en España por este tipo de conductas que se construyen sobre los prejuicios y los estereotipos y que pueden acabar con la convivencia social. No fue necesario mencionar Cataluña, pero el auditorio lo tenía en mente.
«La mecha»
Como muestra de este nuevo interés para poner coto a estas actitudes que denigran a las personas, la comisión que él mismo preside en la que están representados todos los poderes públicos (desde la Administración de Justicia hasta cuatro ministerios y el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia) para avanzar en la prevención y educación que pongan freno a unos delitos en progresión ascendente que mucha gente desconoce, todavía, que lo son. «Hay personas que no saben que impedir el acceso a un establecimiento a una persona por el color de su piel es un delito», remachó el fiscal Aguilar.
Para Grande-Marlaska, la piedra de toque es el discurso de odio y su estrecha relación con el derecho de la libertad de expresión, «otro elemento pilar del Estado de Derecho, que no es oír aquello que nos gusta, sino aquello que nos incomoda o nos hiere en cierta medida y que tiene la frontera en los derechos de los demás», ese es el límite. «El discurso del odio es la mecha que enciende la posibilidad de que se convierta en delito», subrayó el magistrado. Aguilar subrayó que hay en las redes «verdaderos laboratorios para construir discursos de odio».
Desgraciadamente, a pesar de los intentos de prevención, en la población hay «un enorme desconocimiento sobre este tipo de hechos, unas cifras negras importantísimas» en las estadísticas, porque las víctimas raramente denuncian, muchas veces por desconfianza en las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las autoridades en general. «Si eres negro o lesbiana y no tienes recursos, crees que tu denuncia no va a tener respuesta de las autoridades», indicó el juez en su afán de que se visibilice claramente el problema al que se enfrenta la Justicia para atajar este tipo de delitos. Y ello, a pesar de que «tenemos medios suficientes, como el Estatuto de la Víctima, donde se reflejan estas situaciones, y desde 2011, el Ministerio del Interior ha establecido unos parámetros para calificar este tipo de delitos y tabularlos, de manera que se pueda realizar una investigación y unos perfiles de víctimas y victimarios. Pero ello también exige, puntualizó el magistrado, «formación en las comisarías» y que, cuando los atestados lleguen a los juzgados y fiscalías, «todo el mundo pueda disponer de un mismo registro, que hoy en día no existe».
Destacó especialmente los pasos que se están dando contra la intolerancia y discriminación en los colegios y en los deportes aunque, reconoció, «todos somos conscientes de que queda mucho por hacer».
El fiscal Miguel Ángel Aguilar insistió en que es necesario que los tres poderes del Estado se impliquen para que afloren este tipo de casos y reivindicó que «remuevan los obstáculos para llegar a la igualdad, que no es un valor accesorio pues, como la justicia y la libertad, son los pilares del Estado de Derecho». La UE ya se lo planteó como acción de gobierno desde 2013, pero en España es mucho más lento.
No obstante, desde que se creó en 2009 el Servicio que dirige en Barcelona, se han preocupado de elaborar estadísticas, que no había porque, «para tener conciencia del problema hay que conocer las dimensiones; primero hay que llamar a las cosas por su nombre y luego poner cifras al sufrimiento».
En 2011 se hizo el primer protocolo estatal y una guía. Y ya se dispone de estadísticas aunque, subrayó el fiscal, «lo más importante que ocurre con estos delitos es que no se denuncian». De hecho, tirando de cifras, el 88% de los delitos de odio que se cometen en España (racismo, xenofobia, orientación sexual, principalmente), no se denuncian. ¿Por qué? «Porque no confían en nosotros, porque vienen de países donde la justicia no les protege, o porque son personas que duermen en cajeros, y es muy difícil que un extranjero que no tenga los papeles en regla vaya a comisaría porque teme la expulsión. O porque viven en pueblos». Y ocurre que, cuando se denuncia, se tienen dudas sobre la credibilidad de la víctima y se tiende a sobreseer el caso. Si hay sentencia, muchas veces es simplemente una pequeña multa, «después de una exposición pública bestial a la que está sometida la víctima». En España, el 88% de los casos no se denuncian, ni siquiera lo hacen los colectivos más concienciados y combativos, como el LGTB. Para el fiscal especial, «en estos casos en los que las víctimas son doblemente vulnerables, es la administración la que tiene que ir a la víctima, no al revés».
El ciclo, que continuará el próximo mes en Ávila, contará de nuevo con el patrocinio del Banco de Santander, los Registradores de Castilla y León y el bufete Negotia. Además de la colaboración del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, los colegios de abogados y procuradores y las universidades de Castilla y León.
