La polarización política azuza los delitos de odio en el último lustro
«El delito de odio es el desprecio a la dignidad de una persona, la intolerancia al diferente, sin importar quién es agresor o si la víctima pertenece o no a una minoría o a un colectivo concreto. Es, jurídicamente, un ataque a las libertades y derechos fundamentales». Así define Esteban Ibarra, presidente de la oenegé Movimiento contra la Intolerancia, un tipo de crimen que, en los últimos años, crece de la mano de la polarización política que se extiende por el país.
Aragón no es ajeno a la corriente y desde 2015 viene registrando una decena de delitos de odio cada año con la ideología como motivo desencadenante, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior. El caso más mediático en toda España, de hecho, ocurrió en Zaragoza a finales de 2017, cuando Rodrigo Lanza asesinó a Víctor Laínez por vestir unos tirantes con la bandera de España, un homicidio que el juez entendió que estuvo motivado por una intransigencia ideológica.
Ibarra, que lleva desde la década de los 80 tratando de poner coto a las agresiones motivadas por el odio, indica que las relacionadas con el pensamiento político «han crecido un 75% en toda España, de forma muy marcada en Cataluña» en apenas un lustro, «incluso antes de la irrupción institucional de Vox, formación a la que se señala como desencadenante en lugar de lo que es, consecuencia». El portavoz de la asociación pone el foco en «la inoculación de peligrosos discursos de intolerancia en las redes sociales», donde se cuecen en buena medida los argumentarios más peligrosos.
Si bien la perspectiva tradicional dejaba la intolerancia en manos de los grupos de corte neonazi que aplicaban la violencia movidos por la xenofobia o la homofobia, Ibarra anima a leer «la espiral de intolerancia ambiental actual como una polarización tridimensional, en la que existe la ultraderecha, la ultraizquierda y los ultranacionalistas de ambos cortes».
Uno de los grandes focos de la polarización y desencadenante del momento político ha sido el ‘procés’ catalán. «El momento clave fue el 1 de octubre de 2017, pero en Cataluña hay un recorrido de radicalización anterior», matiza el experto, quien añade que “esto ha apuntalado el nacionalismo contrario y ha favorecido el auge de una fuerza como Vox, que consideramos de extrema derecha pero no ultras, ya que sí están radicalizados dialécticamente pero no emplean la violencia”.
Otro caso reciente que se está investigando en la capital aragonesa es la agresión de cuatro encapuchados del ámbito de la ultraizquierda a un motero que salía de un concierto en una conocida sala en la calle Mayor y que perdió uno de los ojos tras recibir un botellazo por llevar una pequeña bandera de España en el chaleco. La Policía los acusa de un delito de odio.
Todos pueden ser víctimas
Una de las ideas en las que incide la oenegé es “la universalidad del delito de odio, del que todo el mundo puede ser víctima y agresor”. Ibarra ha tratado crímenes con todo tipo de motivación: “Hemos visto casos como las agresiones contra las chicas que recogían firmas para poder poner una pantalla para seguir a la selección española en Barcelona, pero hemos visto situaciones de odio contra personas por el mero hecho de no tener hogar, por llevar gafas, por expresarse en castellano o por, como dijo el agresor, ‘hablar en sudaca’. La edad es otro agravante muy recurrente”. Y entre quienes los cometen tampoco hay distinciones especiales.
Desde Movimiento contra la intolerancia piden un esfuerzo decidido por parte del poder legislativo: «Consideramos imperativo el desarrollo de una ley integral contra los delitos de odio, tomando como ejemplo más inmediato la que combate la violencia de género, de modo que se aborde el problema desde una perspectiva amplia, que se tenga en cuenta todo el proceso con un enfoque universal».
