El plan antibandas se salda con 721 detenidos y 459 armas incautadas en cinco meses.
Escrito por patricia el 7/21/22 • En la Categoría Noticias
17.- Violencia juvenil y bandas urbanas | 21 julio, 2022
La Vanguardia.- La tercera generación de pandilleros es más joven y violenta para demostrar lealtad a sus superiores
Fue el pasado 7 de febrero cuando Inmaculada Sanz, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, reconociera que Madrid «tiene un problema con las bandas juveniles». El mismo día, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitía que la noche madrileña «parece cada vez más insegura». La capital venía de varios fines de semana consecutivos con reyertas mortales y la alarma se desataba. Y ahora, apenas cinco meses en los que se ha ejecutado un ambicioso plan de seguridad y prevención por el que la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado un total de 721 detenciones, 77.268 identificaciones y han incautado 459 armas en los controles realizados en los distritos y municipios con más presencia de estos grupos juveniles violentos.
Además, las fuerzas de seguridad han desarrollado un total de 77.268 identificaciones hasta el pasado 17 de julio, transcurridos poco más de cinco meses del refuerzo del plan antibandas, y han redactado 3.911 actas por tenencia de drogas.
El operativo está activo en los distritos de Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Centro, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Tetuán, además de los municipios de Parla, Alcorcón y Alcobendas.
Tercera generación de pandilleros
En sus análisis, las Fuerzas de Seguridad han diagnosticado que los pandilleros, en su gran mayoría de nacionalidad española, son más jóvenes y más violentos que nunca. Porque quieren demostrar lealtad a sus superiores.
El experto en grupos urbanos Joan Caballero define a estos menores como la «tercera generación de pandilleros» en España, ya que las fuerzas de seguridad y la justicia ya tuvieron que aplacar su violencia en 2003, cuando surgieron en el país, y en 2014, año en el que el Tribunal Supremo declaró la naturaleza criminal e ilícita de los Dominican Don’t Play (primera y segunda generación).
Policías y sanitarios tras una reyerta en el barrio de Aluche Emergencias Madrid
Después, según explica Caballero, la sociedad no se ha preocupado por acoger en comunidad a estos jóvenes, gran parte de ellos de origen extranjero o de padres inmigrantes, pero con nacionalidad española -estos últimos representan el 90% según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González-.
Es en el seno de las bandas donde han encontrado el «sentimiento de pertenencia» del que carecían. «Sienten que es su segunda familia», afirma.
De hecho, tal compromiso de hermandad es el que les lleva a no mostrar escrúpulos a la hora de delinquir cuando así se lo piden sus superiores, llegando al extremo de ir a matar a sangre fría.
Asimismo, Joan Caballero destaca que la sociedad, además de marginarles, ha «estigmatizado» a los integrantes de las bandas, lo que ha hecho que «se reafirmen» en su condición de «pandilleros»: «Si la gente y la tele lo dice, pues sí, lo soy».
La violencia «ya no tiene nada que ver» con el origen de los delincuentes
Los expertos consultados por Efe coinciden al reclamar un plan estatal de prevención contra la violencia juvenil, cuya ausencia ha dado alas a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social para radicalizarse dentro de las bandas y otros grupos.
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, una de las voces que exigen al Gobierno el impulso de políticas contra la criminalidad entre los menores, subraya la necesidad de «deslegitimar la violencia», así como «dejar de normalizar y justificar tales conductas».
En el plano judicial, recuerda que la declaración de los DDP y otras bandas como organizaciones criminales por el Tribunal Supremo supone que las fuerzas de seguridad pueden llevar ante la Justicia a cualquier individuo que se investigue y presente vínculos suficientes con dichas organizaciones, pero «no se está haciendo», denuncia Ibarra.
Además, sostiene que la ley del menor, que castiga los delitos graves cometidos por mayores de 16 años con internamientos, «trivializa» las sanciones a los jóvenes en ese rango de edad que delinquen en el seno de las bandas.
Ibarra puntualiza que se debe separar el discurso contra la violencia de la xenofobia, ya que nada tiene que ver con el origen de los «delincuentes».
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