Esteban Ibarra

Os invito a leer un fragmento del prólogo de  mi último libro La España Racista. La lucha en defensa de las víctimas (Ed. Temas de Hoy).

Queda prohibido no sonreír a los problemas,

no luchar por lo que quieres,

abandonarlo todo por miedo,

no convertir en realidad tus sueños.

PABLO NERUDA, poeta chileno

La historia de este libro arranca el 19 de noviembre de 2009, a las puertas del Juzgado de Navalcarnero, en Madrid. Acababan de tomarme declaración a raíz de una denuncia-represalia que había interpuesto contra mí José David Fuertes, alias el Tocho, asesino del adolescente negro Ndombele. Desde prisión y una vez confirmada su condena por el Tribunal Supremo, me ponía una querella criminal por mencionarle en ciertos párrafos de uno de los capítulos de mi anterior libro, Los crímenes del odio; precisamente aquel capítulo en el que relataba el asesinato que terminó con él en la cárcel.

No acababa ahí la cosa, el Tocho extendía su denuncia a Ediciones Temas de Hoy, que lo había publicado, a la empresa que había realizado el diseño de la portada e incluso a la imprenta. Después de este perverso uso del derecho, del que salió perdedor en los juzgados, la editorial me invitó a contar el desarrollo del caso por su enjundia —como se podrá comprobar en la lectura del capítulo que lo aborda en este nuevo libro— y, de paso, realizar una mirada de lo acaecido en los últimos años, pues el «libro denunciado» data de 2003 y desde entonces han ocurrido muchas cosas respecto al avance de la intolerancia, sobre todo, lo más grave, nuevos crímenes de odio.

Lógicamente, estas páginas se centran en las víctimas del racismo y del odio, y junto a ellas, la lucha que libramos contra los delitos de intolerancia criminal. Pero también nos preguntamos por qué, hasta ahora, el racismo y los daños motivados por el odio neonazi no han sido un problema público asumido a fondo por el Estado, dada su responsabilidad a la hora de prevenirlo; debería haber implementado una política criminal rigurosa y seria, orientada a su erradicación o al menos a impedir eficazmente su desarrollo, y sobre todo debería poner empeño en resarcir y tratar de manera adecuada a las víctimas. No se puede consentir el racismo, ni la xenofobia, ni el antisemitismo, ni la islamofobia, ni el neofascismo, ni la homofobia, ni ninguna otra manifestación asociada de intolerancia que niegue dignidad y derechos a las personas que son diferentes. No se pueden trivializar los delitos de odio. Un Estado democrático tiene el deber de actuar de forma congruente frente al problema. Y no lo está haciendo. No ataca a fondo las causas y raíces, tampoco asume sus consecuencias.

Esa es su responsabilidad. En el resto de Europa, en Estados Unidos y en otros países, al menos se reconoce su existencia, mientras que en España se sigue banalizando. Los delitos e incidentes motivados por el odio son delitos que causan un gran impacto en comparación con el delito común, pues envían un terrible mensaje a comunidades enteras: «Negamos vuestro derecho a ser parte de la sociedad», viene a decir, amedrentando al resto del colectivo de identidad o pertenencia. Al atacar a una persona están atacando a todas las similares, porque ni la víctima ni su colectivo en general pueden o quieren cambiar aspectos que los caracterizan.

Cualquier infracción penal motivada por prejuicios o animadversión a la víctima a causa de su conexión, pertenencia o relación con un grupo social vulnerable de intolerancia indica que estamos ante un delito de odio. No son delitos comunes, son delitos motivados por prejuicios o fobias que dañan a personas, a sus propiedades y al grupo con el que se identifican. No se trata de simple discriminación, que también puede ser delito de odio; va más allá porque existen bastantes infracciones penales que no se pueden reducir a un acto discriminatorio.

El poder perturbador del miedo que causan los delitos de odio se extiende mucho más lejos de los límites de un Estado y tiene la capacidad potencial de intensificar e inducir conflictos a mayor escala, como nos demuestra la historia. De ahí la importancia de avanzar en la legislación penal contra estos delitos y hacer frente a la propaganda racista que opera para que no se distinga entre delito común y delito de odio en su intento de ocultar su verdadera naturaleza.

La primera advertencia que hay que hacer ante quienes restan importancia a la existencia de delitos de odio en España es que no somos diferentes, y al igual que el resto de países europeos, más en unos y menos en otros, el problema existe y se alimenta al calor de las circunstancias globalizadoras que posibilitan su expansión. Así que, un primer consejo: nuestros responsables políticos deben dejar su discurso banal que reduce los delitos de odio a la existencia de «tribus urbanas», a un problema que califican de «preocupante pero no alarmante». Les invitamos a que pregunten a las víctimas sobre la alarma que les causa un delito de odio y tras escucharlas comprobarán que es horror de por vida. Nuestro país no es racista pero hay una España racista que no solo no debemos ocultar sino que debemos erradicar.

La segunda advertencia trata de lo peligroso que resulta despilfarrar el tiempo que tenemos para reaccionar frente al problema. La intolerancia racista y xenófoba, antisemita e islamófoba, neofascista y homófoba, ha llevado a las tres instituciones europeas, a través de sus organismos especializados en la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), el Consejo de Europa y la Unión Europea, junto a la ONU, a mostrar su alarma por el recrudecimiento de los ataques violentos contra inmigrantes y minorías como los gitanos, recordándonos de paso que la historia de Europa muestra cómo una depresión económica puede llevar trágicamente a un incremento de la exclusión social y a una persecución genocida. Y para ejecutar esos planes no faltan neonazis, que ya se han hecho visibles estos últimos años en sus desfiles de exhibición en Dresde, adonde acuden varios miles de todas las alcantarillas del continente, entre ellos un nutrido grupo de nuestro país. Esta turba promueve de forma masiva el odio al diferente, practica la violencia difusa y ataca los valores democráticos.

Mientras tanto, la acción institucional democrática para impedir el crecimiento de la xenofobia en toda Europa no solo es débil, sino que a veces es únicamente estética, y sus políticas de prevención, insuficientes; en muchos casos los diversos gobiernos actúan influidos o tienen en su seno a líderes de la nueva ultraderecha protagonizando episodios insidiosos contra los derechos humanos, admitiendo y emitiendo discursos de miedo, odio y construcción de chivos expiatorios, como sucede con los gitanos en Francia, Italia y otros países, donde les condenan a la exclusión o la deportación.

En España faltan acuerdos de Estado en lo más esencial, como en políticas de integración —con especial énfasis en la educación de los descendientes de inmigrantes orientada a una mayor participación en la sociedad que evite su marginalización— y políticas de vivienda frente a los dramas hipotecarios a raíz de la crisis económica. También en políticas de pluralismo cultural y religioso que garanticen espacios para lugares de culto e impidan campañas de intolerancia religiosa; en políticas de participación en procesos democráticos, que integren de manera visible a representantes en candidaturas municipales y autonómicas, extendiendo el derecho al voto; y en general en políticas sociales facilitadoras de convivencia y ciudadanía, y de reagrupación familiar, incluso de una regularización más asequible frente a las crisis personales y familiares que se viven en situaciones de desempleo e irregularidad sobrevenida, y desde luego en prevención de xenofobia, intolerancia y ayuda a víctimas de delitos de odio.

EL AUTOR

Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, una ONG que fundó a comienzos de los años noventa como reacción a los episodios de violencia racista y otras manifestaciones de intolerancia que se extendían por España. Su trabajo esencial ha sido dirigir la Oficina de Solidaridad con las Víctimas del Odio, el Informe Raxen y los programas de educación en valores de tolerancia y derechos humanos que promueve la asociación. Es autor de varios libros y monografías donde concreta su acción y pensamiento, como Los crímenes del odio, Tiempos de solidaridad, Intolerancia, no, gracias, entre otros.

Pionero en la movilización solidaria y pacifista frente a las manifestaciones de intolerancia, ha recibido, junto a la asociación, el reconocimiento de numerosas instituciones públicas y privadas, entre ellas,  la Fundación Manuel Broseta, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que le otorgó la Medalla de Oro, el Ministerio de Asuntos Sociales, que le concedió la Cruz de Plata a la Solidaridad Social, así como la Cruz de la Orden Isabel la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores.