Esteban Ibarra

A finales del mes de abril concluía en Suiza la Conferencia de Naciones Unidas encargada de analizar los resultados de los acuerdos de Durban (Sudáfrica). En su declaración final, los Estados constataron que vivimos momentos de crecimiento de manifestaciones racistas, xenófobas, antisemitas, homófobas, neofascistas, islamófobas y de intolerancia relacionada con el odio, la discriminación y violencia hacia colectivos por diversas motivaciones que niegan la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social.  Además, con independencia de los conflictos políticos en el mundo, la crisis económica internacional está facilitando que se desaten y aumenten estas lacras de la humanidad, nunca extinguidas desde la II Guerra Mundial.

Esta apreciación es tan evidente que con anterioridad a la Conferencia de Naciones Unidas diversos organismos e instancias ya advirtieron que la crisis económica incrementa la intolerancia y la xenofobia. Lo planteó la OSCE, el Consejo de Europa y la Unión Europea y más allá fue el FBI, en los EE. UU.,  al difundir un informe sobre la amenaza de la ultraderecha en USA; incluso el Jefe del Departamento Antiterrorista de Escocia alertó que la amenaza neonazi es tan peligrosa como Al Quaeda. En efecto, en Europa no solo se observa un incremento latente de la xenofobia social, también crecen las organizaciones racistas y antisemitas, emerge organizado y visible en internet un neofascismo coordinado internacionalmente, incluso con proyecciones institucionales como en Austria, Italia, Francia, Gran Bretaña ente otros; aunque  lo más dramático a señalar es el hostigamiento a personas y colectivos vulnerables, a inmigrantes, homosexuales, a gitanos que huyen de centroeuropa e incluso asesinatos, como los 122 que hizo público el gobierno de Rusia durante 2008, significados como crímenes de odio.

Alerta internacional

Frente a esta realidad, los organismos internacionales ya están alertando y no se andan con trivializaciones, piden a los Estados más acciones firmes frente a estas lacras lacerantes. La reciente Declaración de NN. UU.  no deja ninguna duda y establece mandatos precisos, como que “los Estados deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas” y que “el Holocausto nunca debe olvidarse” urgiendo a los Estados a que apliquen  las resoluciones correspondientes de la Asamblea General, especialmente en el ámbito de la educación. Unos meses antes, la Unión Europea aprobó la Directiva Marco de Derecho Penal contra el Racismo y Xenofobia, obligando a los Estados a sancionar penalmente a quienes inciten al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia cultural o religiosa.

En España, mientras tanto, se  presta insuficiente atención al problema, pese a su crecimiento acelerado. Hemos visto autorizadas manifestaciones xenófobas, conciertos racistas clandestinos, una presencia neonazi en internet que supera los dos centenares de webs, las gradas ultras del fútbol son viveros neofascistas, se producen conferencias de negacionistas del Holocausto, como D. Irving, de racistas, como el ex-líder del KKK, D. Duque, y seminarios de adoctrinamiento a veteranos nazis como Manfred Roeder, todo ello junto a un proceso continuado de construcción organizativa de grupos políticos neofascistas.  Y también, con un goteo constante de manifestaciones xenófobas y conciertos racistas semiclandestinos donde se agita e incita al odio hacia inmigrantes, negros, judíos, homosexuales, indigentes, jóvenes de izquierdas  y otros  colectivos significados por la intolerancia.

España no es un país racista, ni xenófobo, ni antisemita. Sus leyes, instituciones y políticas no responden a esos fundamentos pero si hay conductas racistas, xenófobas y neofascistas, conductas que no solo cristalizan en grupos organizados, también se difunden capilarmente en todo el tejido social fluyendo a través de las personas. Y es  en  momentos de crisis económica y social cuando esta lacra organizada tiene su opción, no solo para atacar a colectivos vulnerables sino para golpear el edificio  democrático, una democracia a la que odian con todas sus fuerzas y se conjuran para su derribo. Todas las sociedades tienen esta lacra pero siempre que se deslegitime y actúe contra ella, la convivencia democrática y los derechos humanos tendrán su oportunidad.

En España todos los estudios sociológicos confirman el crecimiento de la intolerancia ideológica y de la xenofobia, entre otros motivos por el cambio de mirada social sobre la inmigración aunque el dato más preocupante es el que hizo público el INJUVE, señalando que un 14% de los adolescentes estaría dispuesto a votar a un partido racista. Si a este dato añadimos la continua agitación del neofascismo en ambientes de adolescentes y jóvenes alimentando posiciones con una demagogia fácil y xenófoba, entonces nos encontraremos con una situación, cuando menos, inquietante.

Violencia racista y crímenes de odio

Sin embargo lo  que más preocupa, en especial a sus potenciales víctimas, es la persistencia de agresiones a inmigrantes, negros, indigentes, homosexuales, jóvenes de izquierda, también a sedes sociales, actos culturales, locales de partidos, manifestaciones reivindicativas y otros espacios cívicos, llegando a estimar la existencia de varios miles al año, como refleja el Informe RAXEN al recoger incidentes, agresiones y hechos imposibles de obviar por quienes minimizan la existencia de la violencia neonazi. Una persistencia tozuda que invalida el discurso oficial del episodio puntual, una violencia que desde comienzos de los años 90 nos ha dejado más de 80 víctimas, con recuerdos de dolor y conmoción profundos  al mencionar nombres como Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Ndombele, Carlos Palomino… y otros anónimos como los indigentes quemados, inmigrantes no recordados y jóvenes apuñalados a los que ni se les reconoció el móvil de su asesinato: el odio neonazi.

Es hora de poner punto final al discurso oficioso y mediático de las tribus urbanas, una interpretación que minimiza el problema, especialmente tras el visionado del asesinato de Carlos Palomino a manos de un depredador nazi., y también de  poner punto final a la banalización de este  problema grave que amenaza la libertad en la calle, problema reconocido hace tiempo en Europa donde muchos países  adoptan medidas preventivas, mientras en España se permiten webs que reivindican, incitan e incluso dan claves para entrenar la violencia. Emerge un liderazgo violento pese al desmantelamiento de grupos por fuerzas de seguridad como Hamerskin, Frente Antisistema, Blood and Honnour,..  donde   tras cambiar de nombre organizativo prosiguen sus fechorías ante el asombro general, especialmente constatado en la calle por los jóvenes que sufren sus agresiones y a quienes las instituciones parecen haber abandonado al mirar hacia otro lado. Esta permisividad e impunidad que en muchas ocasiones gozan  estos grupos neofascistas resulta incomprensible.

En ese contexto de indolencia social e institucional frente a este problema creciente en todos los países, de racismo e intolerancia criminal, surge la desconfianza hacia las instituciones democráticas, hacia la justicia, hacia los responsables de la seguridad ciudadana, al constatar que allá donde aparece el grupo neonazi se suspenden los derechos cívicos de las gentes. Y es en esos ambientes de desconfianza hacia la democracia donde también surge el extremismo de signo contrario que se reivindica legítimamente antifascista pero se equivoca en sus métodos no democráticos, que también se reivindica “antisistema” argumentando que el sistema no repara en la gravedad de lo sucedido por estar ciego y sordo ante una realidad que no se puede y menos, debe de esconder. Un extremismo que a veces piensa en venganza o en justicia a su manera, usando la violencia y no respetando derechos de convivencia, derechos que a su vez, deficientemente amparan quienes deben de hacerlo.

Acción democrática e integral

No obstante la lucha contra la lacra racista y la intolerancia xenófoba solo puede ser democrática, es decir, en el marco de la legalidad del Estado de derecho, rechazando el uso de la violencia, defendiendo los valores democráticos de igualdad, tolerancia y los universales derechos humanos; además debe tener un carácter integral en su respuesta porque no se puede afirmar el antirracismo y conducirse como antisemita, no se puede estar contra el odio y la discriminación racial y ser  homófobo y sexista, no se puede estar contra el genocidio y defender el uso de la violencia y el terrorismo; no se puede estar contra la intolerancia integrista y asumir posiciones de la revolución islámica que legitiman el yihadismo. En efecto, hay que ser congruente y luchar contra todas las manifestaciones de intolerancia cuyo común denominador es negar la igual dignidad humana y el derecho a la diversidad.

Sin embargo la dificultad no solo se sitúa en el ámbito de grupos ubicados en la marginalidad política. La deficitaria implicación de los partidos democráticos en la lucha contra el racismo, antisemitismo e intolerancia, la existencia de comportamientos xenófobos en el tejido institucional, los abusos y comportamientos  inaceptables de personas que cumplen funciones de seguridad, privada o pública, junto a la débil voluntad institucional en todos los planos de acometer esta realidad, llegando a ningunear a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra esta lacra, convierten  la inquietud en preocupación aguda de quienes vemos incertidumbres en el horizonte.

Solo hay un camino, la defensa rigurosa y a fondo de los valores democráticos y los derechos humanos, desde el Estado junto a las organizaciones ciudadanas para hacer cumplir mandatos constitucionales e internacionales como los señalados por Naciones Unidas. Y cumplirlo pasa por prohibir manifestaciones xenófobas, cerrar webs neonazis e ilegalizar organizaciones racistas, además de promover una legislación integral y una Fiscalía especial para actuar contra el racismo y la intolerancia. En definitiva, situarnos en el mandato de la reciente Conferencia de Naciones Unidas, promoviendo una respuesta democrática, cívica y política, legal y sin violencia, pero con  profundidad y extensión a todos los ámbitos sociales.  Todos  juntos, en democracia, si podemos.

Esteban Ibarra

Presidente Movimiento contra la Intolerancia