Esteban Ibarra

La ECRI se fundó en 1993 para reforzar la lucha contra toda forma de racismo, xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Europa. Fue un mandato de la Primera Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Consejo de Europa, con objeto de combatir los crecientes problemas de racismo, antisemitismo e intolerancia que amenazan a los derechos humanos y a los valores de la democracia en Europa. Desde esta comisión se evalúa la eficacia de todas las medidas nacionales e internacionales existentes y se fomenta la acción en el ámbito local, nacional y europeo a nivel legislativo y político.

Uno de los aspectos de las diversas actividades que desarrolla la ECRI para cumplir su mandato es el enfoque de sus investigaciones “país por país”, estudiando en profundidad la situación de cada uno de los Estados miembros para colaborar con los gobiernos mediante propuestas concretas y adecuadas. En consecuencia, en 1999, la ECRI emitió un primer informe sobre España señalando como ámbitos que requerían máxima atención, la marginación de la comunidad gitana y la marginación de los inmigrantes, particularmente de los africanos, la aplicación rápida e integra de las nuevas disposiciones del Código Penal para mejorar la protección que ofrece la Ley, las medidas para combatir las actividades ultras y neonazis y la necesidad de mejorar y lograr una mayor precisión en las estadísticas sobre los grupos vulnerables y los actos racistas.

El segundo Informe de la ECRI fue presentado en 2003. En su resumen ejecutivo señalaba que España ha adoptado una serie de medidas para combatir el racismo y la intolerancia, incluidas disposiciones penales e iniciativas educativas encaminadas a ayudar a los niños con riesgo de exclusión social, en particular gitanos e inmigrantes. No obstante señalaba que los problemas de racismo y xenofobia persisten afectando a estos dos colectivos esencialmente, indicando que podría producirse en parte, por una aplicación inadecuada de la legislación en vigor para combatir estos fenómenos y por la utilización extendida en el debate público de argumentos e imágenes que crean un clima negativo en torno a la inmigración y los inmigrantes. Señala el Informe con preocupación que la dimensión racial de los delitos se pasa por alto, incluidos actos de violencia, y que eso debería reconocerse y contemplarse estadísticamente. El Informe llama la atención a las autoridades españolas sobre la existencia de organizaciones extremistas en Internet, fondos ultras de los campos de fútbol y en la denominada Música del Odio.

El tercer Informe, presentado en 2006, pondría de relieve que las autoridades españolas habían mostrado su voluntad de pasar de una política de extranjería a una política de inmigración e integración. Este cambio de enfoque se refleja, por ejemplo, en la apertura de un proceso de “normalización”, que ha permitió a unos 700.000 no ciudadanos que trabajaban ilegalmente en España obtener permisos de trabajo y de residencia. Se estaba creando un Consejo Estatal del Pueblo Gitano y se debatía una reforma del sistema educativo cuyo objeto, entre otros aspectos, es promover la igualdad de oportunidades para los niños que necesitan apoyo educativo especial, incluidos muchos niños romaníes/gitanos y niños que no son de habla española. Sin embargo, algunas recomendaciones formuladas en el segundo informe de la ECRI como la demanda de avanzar en la legislación para luchar contra el racismo, la aplicación de disposiciones que establecen la motivación racial como circunstancia agravante por ejemplo, no se han conseguido. No se había establecido un órgano especializado y la discriminación racial en muy diversos ámbitos seguía afectando a la vida cotidiana de personas de grupos étnicos minoritarios, incluidos los gitanos, inmigrantes del norte de África y el África subsahariana y sudamericanos. Estas personas también se ven particularmente afectadas por la práctica habitual de la policía de establecer perfiles étnicos, lo que incrementa sus probabilidades de ser objeto de mala conducta policial. Insistía la ECRI en este tercer Informe que sigue siendo necesario reconocer y combatir de forma apropiada la violencia racial y xenófoba, la necesidad de luchar contra las organizaciones racistas, incluidos grupos neonazis y de cabezas rapadas, la necesidad de combatir la discriminación y la explotación laboral de los inmigrantes, y la necesidad de impartir a la policía fronteriza y a los funcionarios de los servicios policiales, en particular en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, formación intensiva en materia de derechos humanos, no discriminación y derechos de los refugiados.

Finalmente llegó el cuarto informe, presentado en febrero de 2011 y sorpresivamente la ECRI pedía a las autoridades españolas tres recomendaciones específicas que serán objeto de seguimiento y de evaluación, a más tardar en dos años. Se reclama que las autoridades recopilen datos sobre actos de racismo y discriminación racial porque no hay ninguna estadística oficial al respecto, se recomienda que la policía y el personal de la seguridad privada, fiscales, médicos forenses, abogados y jueces sigan cursos de formación en derechos humanos orientados a combatir el racismo y se recomienda revisar el método de admisión de alumnos en centros educativos para una distribución equitativa de alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en las diferente escuelas. España continúa en un claro oscuro en la lucha contra el racismo y la intolerancia.
En efecto, la ECRI reconocía y valoraba que España ha invertido recursos humanos y financieros en la lucha contra el racismo que se han nombrado fiscales especializados contra los delitos de odio y se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, organismo cuyo cometido es ayudar a las víctimas y recopilar datos sobre las denuncias; que se ha creado la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte; que el plan de estudio escolar incluye el tema «educación para la ciudadanía y los derechos humanos» y el Holocausto y que avanzan las medidas de integración de los inmigrantes y mejora el procedimiento de asilo , así como que se ha aprobado otro Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana para el período 2010-2012, además de crearse el Consejo Nacional Gitano y Instituto de Cultura Gitana.

Sin embargo, la crítica estaba servida, porque la ECRI señaló que se carecen de datos sobre actos de racismo y sobre la aplicación de las disposiciones penales, civiles y administrativas en vigor; el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico no es un órgano independiente y no es conocido por el público; el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto; el racismo en Internet va en aumento en España, donde existe un gran número de movimientos neonazis; en la educación persiste la distribución desigual de alumnos inmigrantes y gitanos y la existencia de escuelas «gueto»; hay disposiciones contradictorias en cuanto a la práctica de establecer perfiles étnicos y no hay una comisión independiente encargada de investigar las denuncias de mala conducta policial; la nueva Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ha abierto la puerta a la posibilidad de restricciones discriminatorias, ya que garantiza el derecho a la ayuda a la vivienda en condiciones de igualdad con los españoles solamente a los extranjeros residentes a «largo plazo» y en el resto de los casos deja la decisión a la discreción de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.

Por otra parte, el Informe de la ECRI señala que el acceso a la educación superior está restringido a los extranjeros residentes legales y que los “no ciudadanos” no pueden votar ni ser candidatos en las elecciones a nivel local. En el caso de los musulmanes, las dificultades incluyen los obstáculos para la obtención de permisos de construcción de mezquitas y el hecho de que a menudo no se respete el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa basada en el Islam. La nueva Ley reguladora del derecho de asilo, promulgada en 2009, limita el derecho a solicitar asilo a los nacionales de países no comunitarios y a los apátridas. Finalmente, señala que faltan de trabajadores sociales en los centros de internamiento y en cuanto al trato que reciben los menores extranjeros no acompañados, se han detectado muchas deficiencias, incluida la ausencia de representación legal independiente en todos los procedimientos de repatriación, la falta de información sobre el derecho a solicitar asilo y a solicitar la residencia en España, y el uso de métodos
obsoletos y poco fiables de determinación de la edad.

En dos años se inicia un proceso de seguimiento provisional de los tres déficits más graves que se han señalado, recopilación y publicación de datos de agresiones racistas que como hemos visto viene señalándose sistemáticamente, formación de policías y operadores jurídicos y revisión del acceso educativo para evitar la segregación de inmigrantes y gitanos. Esperemos que todos tomen buena nota.